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Recientemente, el exfiscal presentó su declaración patrimonial. Pocos se sorprendieron: aparece como poseedor de una inmensa fortuna acumulada tras ocupar durante décadas diversos cargos públicos de gran relevancia. Entre sus responsabilidades estuvieron áreas estratégicas del Estado mexicano y, más recientemente, la conducción de una de las instituciones de procuración de justicia más poderosas del país.

Resulta inevitable preguntarse por el origen de una riqueza de tales dimensiones. Para muchos de sus críticos, ese patrimonio sería consecuencia de un sistema que le permitió obtener beneficios extraordinarios al amparo del poder. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en México, las sospechas rara vez desembocan en investigaciones exhaustivas y la impunidad suele prevalecer.

Conocí a Alejandro Gertz Manero en 1964, cuando desempeñaba funciones relacionadas con la vigilancia y conservación de los murales de la Secretaría de Educación Pública. Desde entonces proyectaba una personalidad distante, reservada y poco inclinada a entablar relaciones cordiales con sus compañeros de trabajo. Algunos empleados le apodaban “La Güera”, sobrenombre que en ocasiones parecía tolerar, aunque no faltaban momentos en que le provocaba evidente molestia. Se desconoce cuál era su patrimonio en aquella época, pero difícilmente podía ser considerable, pues su salario apenas alcanzaba para cubrir las necesidades propias de un servidor público.

Hoy, en cambio, se le atribuye la posesión de bienes valuados en cantidades exorbitantes. Entre las propiedades que se le relacionan destaca un edificio ubicado en la zona de Reforma y Anillo Periférico, de aproximadamente treinta niveles y con un valor estimado en varios miles de millones de pesos. A ello se suma una residencia en Las Brisas, Acapulco, cuyo precio rondaría los sesenta millones de pesos. También se le adjudica una importante colección de automóviles de lujo, incluidos vehículos de la marca Rolls-Royce, así como obras de arte de gran valor, cuyos montos no siempre aparecen plenamente detallados. Lo mismo ocurre con joyas y otros activos que, de existir, representarían sumas considerables. Asimismo, se ha señalado el uso de la asociación civil Universidad de las Américas en operaciones que han sido objeto de controversia pública.

Por elemental sentido de justicia, el origen de su patrimonio debería ser esclarecido mediante una investigación seria, imparcial y profunda. Conviene recordar que, su trayectoria ha estado fundamentalmente vinculada al servicio público y no a actividades empresariales. Entre las explicaciones ofrecidas figura la existencia de herencias familiares, argumento que también merecería una revisión detallada, especialmente por las disputas que han trascendido respecto a los bienes de su hermano Federico.

México requiere nuevos tiempos, caracterizados por la transparencia y la rendición de cuentas. Si existieron conductas persecutorias, abusos de poder o acciones contrarias a la ley durante la gestión de Gertz Manero, corresponde a las instituciones investigarlas y, en su caso, sancionarlas por conforme al marco jurídico. Ningún servidor público, por influyente que sea, debe quedar al margen de la justicia.