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EL AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES: EL COSTO DE UNA DECISIÓN IRREVERSIBLE
De las tres grandes obras que definieron la agenda infraestructural del gobierno anterior, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es quizás la más difícil de defender, no solo por sus resultados, sino por lo que implicó su origen: la cancelación de un proyecto ya en marcha, con consecuencias financieras que el país todavía resiente.
La decisión de clausurar el aeropuerto de Texcoco se sustentó en argumentos que mezclaban señalamientos de corrupción con objeciones técnicas sobre la idoneidad del terreno. Para darle legitimidad popular, se recurrió a una consulta ciudadana cuya validez metodológica fue ampliamente cuestionada. El resultado, independientemente del debate sobre su pertinencia, tuvo un costo devastador: aunque el aeropuerto texcocano habría demandado una inversión total de 520 mil millones de pesos, su cancelación no fue gratuita. Ya se habían ejercido 127 mil millones, y la liquidación de contratos y bonos sumó otros 168 mil millones, lo que arroja una pérdida neta de 265 mil millones de pesos, más de la mitad de lo que habría costado terminarlo, sin obtener a cambio un solo vuelo ni un solo pasajero.
En sustitución de aquella infraestructura se edificó el AIFA, instalado en las instalaciones de la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Las proyecciones oficiales auguraban una afluencia anual de 20 millones de pasajeros; la realidad ha sido considerablemente más modesta: apenas siete millones transitan por sus terminales, con una conectividad internacional que no supera el cinco por ciento de sus operaciones. A ello se añade su ubicación, notoriamente distante de la Ciudad de México, lo que desincentiva su uso y explica, en buena medida, por qué no ha logrado aliviar la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que era precisamente su razón de ser.
La situación en el aeropuerto capitalino es, a estas alturas, insostenible. El noventa por ciento de los vuelos registra retrasos, y es frecuente que los pasajeros permanezcan más de una hora a bordo de las aeronaves antes de que estas puedan despegar. Una infraestructura colapsada que frena la competitividad del país, afecta el turismo, encarece la logística y deteriora la experiencia de millones de usuarios cada año.
La conclusión que se impone es incómoda pero inevitable: México necesita un nuevo aeropuerto con carácter urgente. Cada año de postergación agrava el problema y multiplica sus costos económicos y sociales. Entre las opciones que los especialistas consideran más viables destaca Tizayuca, en el estado de Hidalgo, un emplazamiento que requeriría obras complementarias de conectividad, pero que ofrece condiciones técnicas y espaciales superiores a las del AIFA. La decisión, sin embargo, exige voluntad política, planeación rigurosa y, sobre todo, la honestidad de reconocer que el tiempo perdido ya no se recupera. Por el bien de México, no puede seguir esperando.
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Jurista y Catedrático de la UNAM. Doctor en Derecho, Historia, Pedagogía y más. Autor de más de 80 libros. ExPresidente del Tribunal Universitario.
